— Tensión en Chignahuapan y V. Carranza: hay dos autoridades

En Chignahuapan y Venustiano Carranza se vive una situación atípica, pues rindieron protesta los candidatos ganadores de las elecciones minutos antes de se declarara la anulación de sus triunfos, por lo que no han dejado entrar en funciones a los consejos municipales designados por el Congreso del estado.

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— Personal del Poder Judicial en Puebla vota continuación del paro

Personal del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Puebla vota mediante urnas para decidir si continúa el paro de labores en protesta por la reforma judicial. Se espera que por la tarde se den a conocer los resultados.

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— Emiten convocatoria para renovar CDH Puebla

El Congreso del estado emitió la convocatoria para renovar la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla. La persona electa iniciará funciones el 7 de noviembre para un periodo de cinco años.

Impulsan Leonela Martínez y Pável Gaspar tipificar el transhomicidio en Puebla

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La propuesta legislativa busca visibilizar y sancionar de manera específica la violencia letal contra las personas trans

Con el objetivo de reconocer, visibilizar y sancionar la violencia extrema que enfrentan las personas trans, el diputado Pável Gaspar Ramírez y la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala, impulsan una iniciativa para adicionar el delito de transhomicidio al Código Penal del Estado de Puebla.

La propuesta legislativa plantea tipicar el delito de transhomicidio a quien prive de la vida a una persona trans, cuando la conducta sea motivada por odio, rechazo, desprecio, discriminación o prejuicio relacionados con su identidad o expresión de género, reales o percibidas, independientemente del sexo asignado al nacer.

El diputado Pavel Gaspar y la diputada Leonela Jazmín Martínez consideran que las personas trans enfrentan altos niveles de discriminación, exclusión social y violencia letal, muchas veces motivada por prejuicios y estigmas relacionados con su identidad o expresión de género, por lo que el tipo penal de homicidio genérico resulta insuficiente para reflejar el contexto de odio y discriminación que está detrás de estos crímenes.

Ante esta problemática, la iniciativa establece que quien cometa este delito se le impondrá una pena de 40 a 60 años de prisión y multa de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización.

Las penas podrían incrementarse,  hasta en una mitad, cuando intervengan dos o más personas, exista relación de confianza o subordinación, cuando el delito sea cometido por servidor público o cuando la víctima se encuentre en situación de especial vulnerabilidad,  y cuando exista extrema violencia o ensañamiento.

Con esta iniciativa, el Congreso del Estado de Puebla pretende avanzar hacia un marco legal más incluyente, que reconozca la diversidad y reafirme el compromiso con la protección de los derechos humanos y la erradicación de la violencia por motivos de identidad y expresión de género.

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